El país atraviesa por contradicciones estructurales como efecto de políticas neoliberales que son impulsadas por el gobierno de turno. Por un lado está el debate en torno a la propiedad y manejo de las semillas, y por el otro, el impulso a megaproyectos hidroeléctricos y camineros como el del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), entre otros, que violan los derechos colectivos territoriales de las comunidades campesinas e indígenas, y los derechos de la madre tierra.
En este sentido, la defensa de la agro biodiversidad, particularmente de las semillas, bajo la premisa “defender las semillas es de vida o muerte”, se constituye en un eslabón de resistencia de las comunidades campesinas e indígenas frente a la privatización del germoplasma nativo en sus diversas formas, sean patentes, certificaciones, etc., que introducen los paquetes tecnológicos característicos de la agricultura convencional de uso intensivo y extensivo en la agroindustria del oriente, y que tienen consecuencias negativas para las comunidades campesinas e indígenas: generan dependencia productiva, induce la producción especializada que deriva en monocultivos con alto uso de agrotóxicos, pérdida de conocimiento local, entre otros. Estos factores son contrarios no solo a las formas de vida de las comunidades campesinas y pueblos indígenas, sino que además rompen las relaciones armónicas con la naturaleza y el medio ambiente que desarrollaron las comunidades a lo largo de siglos.
“…políticas públicas muestran que el neoliberalismo no se fue”
En cuanto al megaproyecto caminero por el TIPNIS, es ilegítimo porque no cuenta con el consenso de las comunidades indígenas Yuracaré, Chiman y Mojeña que habitan dicho territorio, poniéndoles en situación de indefensión frente a asentamientos ilegales, la caza furtiva de animales silvestres, la ampliación de la frontera agrícola, que serán incontrolables. Además, anular la intangibilidad del TIPNIS es ilegal porque el gobierno viola el derecho indígena a la consulta previa libre e informada que debe aplicarse en todo proceso legislativo o administrativo que afecte de una u otra manera un determinado territorio, tal como establece el artículo 30 de la Constitución Política del Estado, e instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, que son normas nacionales de cumplimiento obligatorio.
Ambas políticas públicas muestran que el neoliberalismo no se fue, se quedó y profundizó el extractivismo primario exportador de los recursos naturales para satisfacer a pequeños grupos de interés privado y transnacional, subordinando el bien común e interés colectivo de la población en general, y de las comunidades campesinas y pueblos indígenas en particular.
Por: Sergio Vazquez Rojas – Director CENDA
CÑ Número 134, Septiembre 2017 (Año 34)
Jr.
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