En Bolivia la explotación de recursos naturales mineros, petroleros e implementación de megaproyectos continúa profundizándose, el Gobierno tiene su mirada centrada en la exportación de materia prima. Políticas públicas que, por un lado, son contrarias y/o vulneran los territorios indígenas originarios campesinos (TIOC), y por el otro, violan los principios de cuidado y calidad del medio ambiente y agua, establecidos en la Constitución Política del Estado (Art. 343 y 344) y la Ley N°071 de Derechos de la Madre Tierra, cuyo principio fundamental es que “El interés de la sociedad, en el marco de los derechos de la madre tierra, prevalecen en toda actividad humana y por sobre cualquier derecho adquirido” (Art. 2).
Es decir, contar con un medioambiente sano y agua de calidad, son fundamentales para garantizar el derecho a la vida de todos los bolivianos, para ello la consulta previa e informada, es un mecanismo esencial para garantizar la participación de los bolivianos en las decisiones de uso y aprovechamiento de los recursos naturales.
Por ejemplo, las empresas en el sector minero han crecido, entre 2017 y 2018 en un 17%, (de 3.803 a 4.462). Asimismo, las exportaciones de minerales aumentaron entre 2016 y 2017 en un 21 %, (de 3.064 millones a 3.723 millones), y entre el 2017 y 2018, en un 30% ($us 269,9 millones en enero de 2017) a $us 349,9 millones), sin considerar la explotación y crecimiento de minería ilegal, como el oro en la amazonia.
Ante esta realidad de contradicciones entre el discurso del Gobierno “defensor de la Madre Tierra”, y las acciones de impulso de actividades extractivistas en el país, ¿qué alternativas queda a las comunidades y al pueblo boliviano para ejercer y exigir el respeto a los derechos constitucionales? ¿Qué rol están jugando las organizaciones matrices de campesinos y obreros?, son algunas preguntas que las bases deben plantearse en sus espacios orgánicos.
Lea el artículo original en el Conosur Ñawpaqman Nº 168 de Octubre, 2018
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